Peruanos en el Exterior son destacados por parte de la Defensoria del Pueblo por su esfuerzo por la difusión cultural del Perú
PERÚ - Lima - Octubre 2011.- El
Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, destacó la labor de difusión de
la riqueza cultural y gastronómica de Perú que realizan los
connacionales en el exterior, mientras se esfuerzan en condiciones
muchas veces adversas para salir adelante. Vega, de esta manera, expresó su saludo a los cerca de tres millones de peruanos que
radican en distintos países del mundo, al celebrarse el Día del Peruano
en el Exterior, este 18 de octubre.
Sostuvo que esta separación supone muchas veces que nuestros
connacionales se alejen de sus hogares, por lo que hizo extensivo su
saludo a los familiares. “Dicho esfuerzo se pone de manifiesto en las actividades y oficios
que diariamente realizan nuestros compatriotas en condiciones muchas
veces adversas, lo cual no obstaculiza la difusión de nuestra riqueza
cultural y gastronómica”, destacó.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, refirió que se ha observado un incremento en la atención de consultas y quejas de los peruanos en el exterior. Explicó que dicha cifra se encuentra referida principalmente a las dificultades para la inscripción y documentación de los hijos de peruanos que nacen en el extranjero, así como los hijos de padres binacionales.
Además, señaló que existen también problemas para la regularización de la situación migratoria, así como en los casos de repatriación de peruanos fallecidos en el exterior y, problemas en los sistemas de control en los puestos fronterizos, que han conllevado a la privación de libertad de las personas. “En su momento, hemos puesto en conocimiento de las autoridades de la Cancillería y de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin), estos casos para su atención, habiendo obtenido algunas veces respuestas inmediatas, mientras que en otras continuamos trabajando para lograr la restitución de los derechos vulnerados”, puntualizó la funcionaria.
“Se requieren mayores esfuerzos como desarrollar políticas laborales inclusivas y de trabajo digno” subrayó tras indicar que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 70% de nuestra migración es eminentemente laboral. Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Estado peruano, la necesidad de debatir y aprobar una Ley Marco sobre las Migraciones, a fin de atender diversas situaciones que generan un alto riesgo a quienes deciden emigrar.
“Existe poca difusión respecto a las obligaciones que deben de tener con nuestros compatriotas los países escogidos como destinos por la mayoría de migrantes peruanos, así como dificultades para regularizar la situación migratoria, problemas de discriminación y el riesgo de caer en redes criminales de explotación y tráfico ilegal de migrantes” advirtió.
Indicó además que en el Informe Anual 2010 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, se dio a conocer la creciente ola de criminalización de los migrantes indocumentados por efecto de nuevas leyes –como la de Arizona o la Directiva de Retorno de la Unión Europea– que potencian la discriminación y xenofobia. En esa medida, Vignolo señaló que frente a esta problemática el Estado debe asegurar la adecuada atención y orientación a los peruanos, además de fortalecer los programas de asistencia humanitaria y legal a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, recordó la necesidad de ampliar los alcances de la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios, de modo tal que se comprendan otras situaciones de especial necesidad y urgencia como el retorno, la expulsión, la asistencia en el traslado de los connacionales desde la frontera al lugar de origen, así como los casos de las víctimas de trata de personas, entre otros. Ello ante la reciente aprobación de la nueva ley de inmigración (Ley HB 56) del Estado de Alabama, Estados Unidos, entre otras propuestas.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, refirió que se ha observado un incremento en la atención de consultas y quejas de los peruanos en el exterior. Explicó que dicha cifra se encuentra referida principalmente a las dificultades para la inscripción y documentación de los hijos de peruanos que nacen en el extranjero, así como los hijos de padres binacionales.
Además, señaló que existen también problemas para la regularización de la situación migratoria, así como en los casos de repatriación de peruanos fallecidos en el exterior y, problemas en los sistemas de control en los puestos fronterizos, que han conllevado a la privación de libertad de las personas. “En su momento, hemos puesto en conocimiento de las autoridades de la Cancillería y de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin), estos casos para su atención, habiendo obtenido algunas veces respuestas inmediatas, mientras que en otras continuamos trabajando para lograr la restitución de los derechos vulnerados”, puntualizó la funcionaria.
“Se requieren mayores esfuerzos como desarrollar políticas laborales inclusivas y de trabajo digno” subrayó tras indicar que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 70% de nuestra migración es eminentemente laboral. Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Estado peruano, la necesidad de debatir y aprobar una Ley Marco sobre las Migraciones, a fin de atender diversas situaciones que generan un alto riesgo a quienes deciden emigrar.
“Existe poca difusión respecto a las obligaciones que deben de tener con nuestros compatriotas los países escogidos como destinos por la mayoría de migrantes peruanos, así como dificultades para regularizar la situación migratoria, problemas de discriminación y el riesgo de caer en redes criminales de explotación y tráfico ilegal de migrantes” advirtió.
Indicó además que en el Informe Anual 2010 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, se dio a conocer la creciente ola de criminalización de los migrantes indocumentados por efecto de nuevas leyes –como la de Arizona o la Directiva de Retorno de la Unión Europea– que potencian la discriminación y xenofobia. En esa medida, Vignolo señaló que frente a esta problemática el Estado debe asegurar la adecuada atención y orientación a los peruanos, además de fortalecer los programas de asistencia humanitaria y legal a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, recordó la necesidad de ampliar los alcances de la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios, de modo tal que se comprendan otras situaciones de especial necesidad y urgencia como el retorno, la expulsión, la asistencia en el traslado de los connacionales desde la frontera al lugar de origen, así como los casos de las víctimas de trata de personas, entre otros. Ello ante la reciente aprobación de la nueva ley de inmigración (Ley HB 56) del Estado de Alabama, Estados Unidos, entre otras propuestas.